Decreto de Emergencia: ¿Amenaza a la Propiedad Privada en Venezuela?

El 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por dos fuertes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, que han dejado severas secuelas en diversas regiones del país. En respuesta a esta crisis, el poder Ejecutivo, liderado por Delcy Rodríguez, emitió el decreto 5.364, estableciendo un "Estado de Emergencia" con el objetivo de atender a las más de 17,907 personas que han quedado sin hogar, según cifras oficiales hasta el 8 de julio.

Sin embargo, este decreto ha generado una oleada de inquietud entre la ciudadanía, especialmente por el contenido del artículo 6, que plantea la posibilidad de la expropiación de bienes privados para la atención de la emergencia. Este aspecto ha encendido alarmas sobre la seguridad jurídica en el país, en un contexto donde la propiedad privada ya se encontraba bajo constante amenaza debido a políticas de Estado previas.

La preocupación no es infundada, ya que en los últimos años el régimen ha utilizado la figura de la expropiación en diversas ocasiones, afectando a sectores productivos y a la inversión privada. Adicionalmente, la crisis humanitaria que enfrenta Venezuela, que ha forzado a millones a emigrar, crea un contexto complejo en el que las acciones del Gobierno son observadas de cerca tanto a nivel nacional como internacional. Organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional han expresado su preocupación sobre las posibles violaciones de derechos que este decreto podría implicar.

La situación actual requiere una vigilancia continua no solo para el bienestar de los afectados por los terremotos, sino también para la defensa de los derechos de propiedad de todos los venezolanos, especialmente en un momento donde la recuperación del país es más necesaria que nunca, según Runrunes.