La seguridad no se resuelve solo con decretos en los tribunales

La reciente decisión del gobierno argentino de Javier Milei de incluir en las sesiones extraordinarias la revisión del régimen penal juvenil ha generado un intenso debate en la región. Tras dos homicidios aberrantes cometidos por menores, la administración busca bajar la edad de imputabilidad, una medida que refleja la tendencia de varios líderes a implementar respuestas punitivas como solución a la inseguridad. Esta acción se suma a propuestas similares por parte de figuras como Donald Trump en Estados Unidos, quienes han encontrado en el endurecimiento de las leyes penales un punto de apoyo en sus campañas.

En el contexto latinoamericano, donde la inseguridad y la violencia son temas candentes, estas iniciativas pueden tener un impacto significativo. Sin embargo, también traen consigo la preocupación de que las soluciones punitivas no aborden las raíces del problema como la falta de oportunidades, la desigualdad y la exclusión social, factores que son también presentes en países como Venezuela. La crisis humanitaria en el país ha llevado a un aumento de la violencia y la criminalidad, lo que ha suscitado reclamos por una justicia más integral y no solo retributiva.

Así, la seguridad no empieza ni termina en los tribunales, sino que debe ser considerada como un fenómeno multidimensional que requiere de un enfoque más holístico, que contemple aspectos sociales y económicos para ser verdaderamente efectiva, según El Nacional.